El presidente de Chile Sebastián Piñera es denunciado ante la CPI por los abusos policiales en las protestas

Cuatro organizaciones de derechos humanos quieren que el presidente chileno, Sebastián Piñera, sea juzgado por la Corte Penal Internacional a raíz de la violencia policial que se desató en contra de los manifestantes desde las protestas de octubre de 2019 hasta ahora. Los organismos aseguran que tanto el mandatario como otras autoridades son responsables de crímenes de lesa humanidad y que la Justicia chilena se demora en juzgarlos, mientras sí procesa a los manifestantes detenidos.

La petición la hacen específicamente la Fundación Baltasar Garzón del exjuez español del mismo nombre, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia. Ellos le presentaron a la Fiscalía de la CPI un requerimiento de 141 páginas, publicado por el medio ‘Ciper’. En el texto, las organizaciones dan cifras y muestran algunos ejemplos de lo que catalogan como crímenes de lesa humanidad.

Su intención es que el mecanismo de Justicia internacional investigue, acuse y llame a juicio no solo al presidente Piñera, sino además a las autoridades civiles, políticas y policiales que nombran en su informe.

Abusos policiales en las protestas de Chile, ¿delitos comunes o crímenes de lesa humanidad?

Como en todos los casos, para que la Corte Penal Internacional comience una investigación contra una persona, se tiene que probar que los delitos cometidos hacen parte de los que analiza la CPI. Este órgano internacional únicamente investiga y enjuicia genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión.

Por eso, el documento intenta probar que la violencia policial contra los manifestantes chilenos realmente es un crimen de lesa humanidad.

Las cuatro organizaciones se quejan de que la Justicia chilena está investigando los excesos de policías y militares como un delito común para que, así, la CPI no pueda investigarlos y para “favorecer su posterior impunidad”. En cambio, las organizaciones aseguran que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad y para probarlo hablan de un “ataque organizado, masivo, extenso y sistemático contra la población civil” desde que comenzaron las protestas en octubre de 2019.

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