El gobierno de Nicolás Maduro promueve una ley de zonas económicas especiales “sensata” y “bien planteada” para atraer capital extranjero a Venezuela en un marco de sanciones internacionales, pero que, probablemente, se quede corta en su meta, advierten analistas.
La Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista desde enero y desconocida como institución legítima por una amplia lista de países americanos y europeos, aprobó a finales de mayo la ley orgánica sobre Zonas Económicas Especiales en su primera de dos discusiones legislativas.
Los 26 artículos de la normativa regulan la creación de “espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras”, con estímulos económicos fiscales, financieros y aduanales” para generar “un nuevo modelo” de diversificación económica que supere la dependencia petrolera.
Contempla zonas “para el fomento de exportaciones”, centradas en productos manufacturados y servicios como el turístico; para “la sustitución selectiva de importaciones”, que consiste en auspiciar la producción nacional de bienes y servicios “de alto valor agregado venezolano”; y para el desarrollo tecnológico.
Esas áreas deben tener como características una “posición geoeconómica privilegiada”, con conexiones marítimas, terrestres y aéreas con mercados internacionales; una “importante concentración de recursos naturales”; y la “existencia de parques industriales” y servicios “de alta calidad”.