Detención provisional contra el expresidente de CEL por caso El Chaparral

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La jueza Noveno de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra el expresidente de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour Gómez; contra el representante de ASTALDI, Mario Federico Pieragostini maiochi y el contador de Latín American Spa, José Efraín Quinteros, por el caso “El Chaparral”.

Los imputados son acusados por los delitos de lavado de dinero, peculado y cohecho activo por caso El Chaparral.

Si bien la audiencia inicial se desarrolló el pasado viernes, el resultado de la misma se dio a conocer hasta la mañana de este martes 15 de enero y en la misma la jueza explica que hay méritos suficientes para que el caso pase a la siguiente etapa y que los imputados guarden prisión en la etapa de instrucción.

Se confirmó que los imputados fueron notificados sobre el proceso en su contra y que en su representación únicamente se hicieron presentes sus apoderados legales, por lo cual no pudieron ser intimados en la audiencia inicial.

Por este mismo caso es acusado el expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como “Mecafé” quien fue enviado a prisión preventiva por existir peligro de fuga.

Otros imputados son el expresidente Mauricio Funes y su actual compañera de vida, Ada Michell Guzmán, quienes se encuentran asilados en Nicaragua y para esa audiencia no enviaron a sus representantes legales.

Según el Ministerio Público, el caso se genera a partir de la suscripción del contrato para la construcción de la presa El Chaparral, que inició la construcción en el 2008 en el departamento de San Miguel y en el gobierno del expresidente, Elías Antonio Saca, teniendo como presidente de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), a Nicolás Salume.

Saca y Salume pusieron la primera piedra en un suelo arcilloso e inestable, que luego de varios meses técnicos en la materia determinaron que ahí no se podía construir un proyecto de gran magnitud y donde concluyó elevando los costos de construcción a los 220 millones de dólares.

En julio del 2012 y después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, los imputados lograron anular el contrato y desviar entre ellos un monto de 108 millones 500 mil dólares, que generaron a la empresa más de 45 millones 244 mil 418 dólares.

El fiscal asignado al caso aseguró que los acusados hicieron un arreglo directo con la empresa obviando la Ley Lacap y por lo tanto cancelaron más del dinero que debieron pagar por la obra que rondaba los 63 millones de dólares.

“Si bien Mauricio Funes no tiene un actuación de forma directa y si lo hace de forma indirecta por medio de Miguel Menéndez, quien a su vez tenía un trato directo con José Leopoldo Samour Gómez y le ordenaron que se fuera de forma directa. Lo que hicieron fue la terminación adelantada del contrato entre CEL y ASTALDI al tiempo que concedían una retribución a dicha empresa”, indicó uno de los fiscales asignados al caso.

Luego del acuerdo, ASTALDI transfirió $3,500,000.00 a las empresas fachadas de Mauricio Funes y de Miguel Menéndez, de lo cual buena parte fue destinada para la creación y funcionamiento de la franquicia de la sociedad Latin America Spa, que fue constituida en El Salvador, Panamá y Suiza.

En El Salvador Latin America Spas tenía un negocio de masajes, peluquería y Spa era administrado por la compañera de vida de Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.

De ese dinero a nombre de esta sociedad, fueron adquiridos dos inmuebles de alto valor comercial, uno de ellos en la Colonia Maquilishuat, donde funcionaba el Spa y el otro en Sierra de Santa Elena, de Antiguo Cuscatlan, departamento de La Libertad, donde residía la señora Guzmán Sigüenza.

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