Inician Instrucción formal contra Elías Antonio Saca por lavado de dinero

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El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador dio por iniciada la etapa de instrucción formal de la causa en que se procesan a Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, de 68 años de edad; Elías Antonio Saca González, de 53 y Juan Tennant Wrigth Castro, de 64, acusados de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

El 29 de abril el juzgado dio por recibido el expediente conformado por 156 piezas equivalentes a 31 mil 056 folios, por lo tanto, es a partir de esta fecha en que las partes tendrán como finalidad la recolección de todos los elementos de prueba a favor o en contra de los procesados.

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El plazo solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) es de 6 meses y concluirá el 29 de octubre de 2019.

En el auto de recibido, la jueza detalló que la FGR ha manifestado la necesidad de la práctica de un peritaje financiero contable para el descubrimiento de la verdad procesal, por lo tanto, les previno a que establezcan “claramente los puntos de pericia y de manera individual por cada procesado y proponer persona idónea para ser nombrada como perito”

De acuerdo al requerimiento fiscal, a los procesados se les acusa de lavar 10 millones de dólares que la República de China-Taiwán otorgó a El Salvador, entre octubre del 2003 y abril del 2004, para la ejecución de 4 proyectos los cuales no fueron ingresados ni registrados a la Secretaria Técnica del Financiamiento Externo.

Presuntamente, después que el expresidente Francisco Flores recibió el donativo, en cuatro cheques, éstos fueron endosados y depositados a una cuenta a nombre de la asociación “Centros de Estudios Políticos, doctor José Antonio Rodríguez Porth”, donde Balzaretti Kriete fungía como representante legal de la asociación.

Actualmente Balzaretti Kriete y Wrigth Castro se encuentran en libertad cumpliendo medidas sustitutivas con el fin de garantizar su vinculación al proceso, mientras que Elías Antonio Saca se encuentra privado de libertad cumplimiento una pena de 10 años.

Los abogados de los imputados presentaron después de conocer la resolución de la jueza de paz un recurso de apelación, que fue remitido a la Cámara Segunda de lo Penal con el fin de que se declare la extinción de la acción penal y se declare el sobreseimiento definitivo a favor de los procesados.

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