Los cabecillas de pandillas podrían ser condenados a un máximo de 60 años de prisión y ya no a 45 años, luego de la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado aprobada el miércoles, que aumenta la pena máxima a los autores mediatos hasta “una tercera parte”.
Los diputados aprobaron también un decreto transitorio que permite juzgar a los capturados en el régimen de excepción en grupos.
Las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado facilitan la introducción de pruebas como confesiones de imputados y declaración anticipada de testigos en los procesos de crimen organizado.
Las reformas fueron aprobadas sin tomar en cuenta la mayoría de las recomendaciones de la magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sandra Luz Chicas, ayer en la Comisión de Seguridad.
