El gobierno salvadoreño prolongó hasta el 31 de diciembre de 2023 el uso de la Fuerza Armada de El Salvador en tareas de seguridad pública desarrolladas por la Policía Nacional Civil (PNC), por decreto ejecutivo aprobado el 12 de diciembre y vigente desde el 20 de diciembre de 2022.
El gobierno argumenta que tienen resultados positivos en el Plan Control Territorial, por lo que es “recomendable y necesaria la continuidad de la participación de la Fuerza Armada en su implementación y sostenibilidad”.
Actualmente los efectivos militares apoyan planes relacionados al régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, luego de una matanza provocada supuestamente por las pandillas como presión al gobierno.
El régimen permite la suspensión de tres derechos constitucionales en El Salvador: privacidad de las telecomunicaciones, periodo máximo de detención de 72 horas y derecho a ser informado de derechos y razones de detención, así como garantía de asistencia de defensor.